Es posible que la amenaza de pagos costosos ya esté teniendo efecto. Las empresas de combustibles fósiles tienen acceso a una oscura herra...
Las empresas de combustibles fósiles tienen acceso a una oscura herramienta legal que podría poner en peligro los esfuerzos mundiales para proteger el clima, y están empezando a utilizarla. El resultado podría costar miles de millones de dólares a los países que sigan adelante con esos esfuerzos.
Durante los últimos 50 años, los países han firmado miles de tratados que protegen a los inversores extranjeros de las acciones gubernamentales. Estos tratados son como contratos entre gobiernos nacionales, destinados a atraer a los inversores para que presenten proyectos con la promesa de empleos locales y acceso a nuevas tecnologías.
Pero ahora, mientras los países intentan eliminar gradualmente los combustibles fósiles para frenar el cambio climático, estos acuerdos podrían hacer que el público enfrente riesgos legales y financieros abrumadores.
Los tratados permiten a los inversionistas demandar a los gobiernos por compensación en un proceso llamado solución de controversias entre inversionistas y estados , o ISDS. En resumen, los inversores podrían utilizar las cláusulas ISDS para exigir una compensación en respuesta a las acciones gubernamentales para limitar los combustibles fósiles, como la cancelación de oleoductos y la denegación de permisos de perforación. Por ejemplo, TC Energy, una compañía canadiense, actualmente busca más de US$15 mil millones por la cancelación del oleoducto Keystone XL por parte del presidente estadounidense Joe Biden.
En un estudio publicado el 5 de mayo de 2022 en la revista Science, los autores del estudio estiman que los países enfrentarían hasta $340 mil millones en riesgos legales y financieros por cancelar proyectos de combustibles fósiles que están sujetos a tratados con cláusulas ISDS.
Eso es más de lo que los países de todo el mundo pusieron en medidas de mitigación y adaptación climática combinadas en el año fiscal 2019 , y no incluye los riesgos de eliminar gradualmente las inversiones en carbón o cancelar proyectos de infraestructura de combustibles fósiles, como tuberías y terminales de gas natural licuado.
Significa que el dinero que los países podrían gastar para construir un futuro bajo en carbono podría ir a las mismas industrias que a sabiendas han estado alimentando el cambio climático , poniendo en grave peligro la capacidad de los países para impulsar la transición hacia la energía verde.
Pagos potenciales masivos
De los 55.206 proyectos upstream de petróleo y gas del mundo que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, identificamos 10.506 proyectos, el 19 % del total, que estaban protegidos por 334 tratados que brindan acceso a ISDS.
Ese número podría ser mucho mayor. Solo se ha podido identificar la sede de los propietarios del proyecto, no las estructuras corporativas generales de las inversiones, debido a la escasez de datos. También se sabe que las firmas de abogados están asesorando a clientes en la industria para estructurar inversiones para garantizar el acceso a ISDS, a través de procesos como el uso de subsidiarias en países con tratados de protección.
Dependiendo de los precios futuros del petróleo y el gas, se espera que el valor presente neto total de esos proyectos oscile entre $60 mil millones a $234 mil millones. Si los países cancelan estos proyectos protegidos, los inversores extranjeros podrían demandar una compensación financiera en línea con estas valoraciones.
Hacerlo pondría a varios países de bajos y medianos ingresos en grave riesgo. Mozambique, Guyana y Venezuela podrían enfrentar cada uno más de $ 20 mil millones en pérdidas potenciales por reclamos de ISDS.
Si los países también cancelan proyectos de petróleo y gas que están más avanzados en desarrollo pero que aún no están produciendo, enfrentan más riesgos. El 12 % de esos proyectos en todo el mundo están protegidos por tratados de inversión, y sus inversionistas podrían demandar entre $32 mil millones y $106 mil millones.
Cancelar proyectos aprobados podría resultar excepcionalmente arriesgado para países como Kazajstán, que podría perder entre $6 mil millones y $18 mil millones, e Indonesia, con $3 mil millones a $4 mil millones en riesgo.
La cancelación de inversiones en carbón o proyectos de infraestructura de combustibles fósiles, como oleoductos y terminales de gas natural licuado, podría generar aún más reclamaciones.
Los países ya sienten frialdad regulatoria
Ha habido al menos 231 casos de ISDS relacionados con combustibles fósiles hasta el momento. Solo la amenaza de pagos masivos a los inversionistas podría hacer que muchos países retrasen las políticas de mitigación climática, provocando el llamado “enfriamiento regulatorio”.
Tanto Dinamarca como Nueva Zelanda , por ejemplo, parecen haber diseñado sus planes de eliminación de combustibles fósiles específicamente para minimizar su exposición a ISDS. Algunos expertos en políticas climáticas han sugerido que Dinamarca puede haber elegido 2050 como la fecha final para la extracción de petróleo y gas para evitar disputas con los titulares de licencias de exploración existentes.
Nueva Zelanda prohibió toda nueva exploración de petróleo en alta mar en 2018, pero no canceló ningún contrato existente. El ministro del clima reconoció que un plan más agresivo “habría entrado en conflicto con los acuerdos entre inversores y estados”. Francia revisó un proyecto de ley que prohíbe la extracción de combustibles fósiles para 2040 y permite la renovación de los permisos de explotación de petróleo después de que la empresa canadiense Vermilion amenazara con iniciar un caso ISDS.
Asegurar la transición hacia la energía verde
Si bien estos hallazgos son alarmantes, los países tienen opciones para evitar riesgos legales y financieros onerosos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está discutiendo actualmente propuestas sobre el futuro de los tratados de inversión.
Un enfoque sencillo sería que los países rescindieran o se retiraran de estos tratados. Algunos funcionarios han expresado su preocupación por los impactos imprevistos de rescindir unilateralmente los tratados de inversión, pero otros países ya lo han hecho, con pocas o ninguna consecuencia económica real .
Para acuerdos comerciales más complejos, los países pueden negociar para eliminar las disposiciones de ISDS, como lo hicieron Estados Unidos y Canadá cuando reemplazaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.
Los desafíos adicionales surgen de las “cláusulas de expiración” que obligan a los países durante una década o más después de que se hayan retirado de algunos tratados. Tal es el caso de Italia, que se retiró del Tratado sobre la Carta de la Energía en 2016. Actualmente está atrapada en un caso de ISDS en curso iniciado por la empresa británica Rockhopper por la prohibición de la extracción de petróleo en la costa.
El Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo de inversión especial que cubre el sector energético, surgió como el mayor contribuyente individual a los riesgos globales de ISDS en nuestro conjunto de datos. Muchos países europeos están considerando actualmente si abandonar el tratado y cómo evitar el mismo destino que Italia. Si todos los países partes de un tratado pueden ponerse de acuerdo para retirarse , podrían eludir colectivamente la cláusula de caducidad a través de un acuerdo mutuo.
La transición mundial
Combatir el cambio climático no es barato. Se necesitan acciones tanto de los gobiernos como del sector privado para frenar el calentamiento global y evitar que provoque desastres cada vez más devastadores .
Al final, la pregunta es quién pagará, y se le pagará, en la transición energética global. Creemos que, como mínimo, sería contraproducente desviar financiación pública crítica de los esfuerzos esenciales de mitigación y adaptación a los bolsillos de los inversionistas de la industria de combustibles fósiles cuyos productos causaron el problema en primer lugar.
Fuente: Science
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