Acuerdo de los países para una ley que castigará igual la malversación en toda la UE
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| Vista de la toga de un juez. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo |
Los países de la UE llegaron a un acuerdo este viernes sobre una directiva de lucha contra la corrupción en la que se busca castigar de la misma manera en todos los Estados miembros una serie de delitos, como la malversación.
14 junio 2024.- Para estos delitos los Estados miembros piden una pena máxima de al menos tres a cuatro años de prisión, frente a los cinco años que proponía Bruselas o los seis que pide el Parlamento Europeo.
Además, la legislación plantea definiciones y castigos comunes para delitos como los sobornos, el tráfico de influencias o la obstrucción a la justicia, hasta ahora penados de forma heterogénea en los distintos Estados miembros.
La Comisión Europea planteó su propuesta en 2023
Para los delitos de malversación pidió en toda la UE una pena máxima de al menos cinco años de prisión, un castigo máximo superior a algunos tipos en el Código Penal español reformado con un acuerdo entre el PSOE y ERC.
Ahora los países piden que ese delito se castigue con una pena máxima de al menos tres a cuatro años, pero eso es solo la posición del Consejo (Estados miembros), que en el futuro se deberá negociar con la Eurocámara, cuya petición es más ambiciosa: el pasado febrero fijó su posición negociadora, que prevé 6 años de prisión para la malversación.
De esas negociaciones entre instituciones (los llamados «trílogos» en jerga comunitaria) saldrá el texto final de la directiva, que deberá ser refrendado formalmente de nuevo por el Consejo y el Parlamento.
El acuerdo de este viernes se alcanzó en un Consejo de ministros europeos de Justicia.
Penalizaciones y definiciones comunes
Gracias a la nueva legislación, todos los países de la UE estarán obligados a penalizar los mismos actos de corrupción y definirlos de la misma manera.
En adelante serán castigados como delitos penales en toda la UE el soborno en los sectores público y privado, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, la obstrucción de la justicia y enriquecimiento por delitos de corrupción.
El objetivo es «intensificar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción», con normas mínimas para la definición y sanción de los delitos de corrupción, medidas preventivas y normas para una investigación y enjuiciamiento más eficaces, explicó el Consejo en un comunicado.
La principal novedad de la ley es que, por primera vez a nivel de la UE, reúne en un solo acto jurídico normas sobre corrupción en los sectores público y privado.
«La corrupción corroe la confianza en el sector público, daña la economía y daña el tejido de nuestras sociedades. Con esta nueva ley aumentamos nuestro poder para combatirla», indicó el ministro belga de Justicia, Paul Van Tigchelt, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.
La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, se declaró «decepcionada» durante la reunión por el hecho de que «en algunos ámbitos se haya rebajado el nivel de ambición» de la propuesta inicial.
Entre los cambios introducidos figuran también modificaciones en los periodos límite para la ejecución de las sentencias.
Fuentes europeas explicaron a EFE que los países han alineado estos periodos con la práctica general recogida en los códigos penales nacionales, donde se vinculan con la gravedad del delito.
Para algunos delitos el periodo límite puede ser más bajo de lo que Bruselas propone, pero eso solo es el mínimo exigido y los Estados miembros pueden decidir periodos más largos, precisaron las mismas fuentes.
Hoy se acordó que los Estados miembros deben establecer sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias para sancionar estos delitos, que se castigarán con una pena máxima de prisión de al menos dos a cuatro años, según la gravedad.
Las personas condenadas por delitos de corrupción podrán incurrir en penas adicionales como multas, destitución de cargos públicos, inhabilitación para ejercer cargos públicos o ejercer una función de servicio público, así como la retirada de permisos y la exclusión del acceso a procedimientos de licitación y fondos públicos.
Además, las empresas también se enfrentarán a sanciones en forma de multas que oscilarán entre al menos el 3 % y el 5 % de su facturación total mundial o un mínimo de 24 o 40 millones de euros, según el delito.
Los países acordaron también tomar medidas para aumentar la conciencia pública sobre los daños de la corrupción y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones públicas.
Fuente: EFE
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