Bruselas libra a España de su expediente por déficit excesivo, pero urge a aprobar la reforma fiscal
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| De izquierda a derecha, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni; el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis; y el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, este miércoles durante una rueda de prensa para presentar el Paquete de Primavera del Semestre Europeo. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET |
La Comisión Europea decidió este miércoles no abrir un expediente por déficit excesivo a España, pese a haber cerrado el pasado año por encima del límite que establecen las reglas fiscales comunitarias, pero instó a Madrid a abordar los «retrasos emergentes» en la ejecución del plan de recuperación y a adoptar la reforma fiscal incluida en el mismo.
19 junio 2024.- El anuncio oficial llegó horas después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, adelantara en una sesión parlamentaria la «extraordinaria noticia» de que Bruselas había decidido librar a España del expediente a pesar de que cerró 2023 con un desvío presupuestario del 3,6 %, seis décimas por encima del límite comunitario.
La Comisión ha concluido que no está justificado lanzar un expediente -que puede conllevar la imposición de sanciones– porque el desvío, pese a no estar cerca del umbral de referencia, es temporal y se reducirá al 3 % este año y al 2,8 % en 2025, según sus previsiones.
España evita así tener que acometer el ajuste fiscal mínimo del 0,5 % del PIB al año (7.300 millones de euros) que habría exigido Bruselas en caso de expediente, aunque tendrá que ir reduciendo progresivamente el desvío presupuestario, y esquiva un ejercicio de vigilancia reforzada sobre las cuentas públicas que ya tuvo abierto durante una década, tras la crisis financiera de 2008.
«La Comisión Europea, en todo caso, seguirá monitorizando la evolución presupuestaria en España y reevaluará la situación en otoño«, dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa.
El Ejecutivo comunitario retomó este miércoles los expedientes fiscales tras cuatro años suspendidos por la pandemia y la guerra en Ucrania, un procedimiento destinado a asegurar que los países que superan los límites de déficit y deuda pública que fijan los Tratados, del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente, hacen ajustes para corregir sus desvíos, so pena de sanciones si no actúan.
De los doce países que se exponían a este procedimiento, Bruselas ha decidido expedientar a siete de ellos, incluidos Italia, que registra el déficit más abultado de la UE (7,4 % del PIB) y Francia (5,5 %), así como Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia.
Además, mantiene abierto el que inició en 2019 contra Rumanía, puesto que no ha tomado medidas para encauzar su déficit.
Por el contrario, además de España, la República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia se libran del expediente porque la Comisión Europea ha tenido en cuenta factores relevantes como la evolución de la deuda pública, la situación económica o la inversión en defensa.
Según las nuevas normas de disciplina fiscal adoptadas este año, las sendas de ajuste del déficit que adopta Bruselas con sus expedientes deberían asegurar una reducción del déficit de al menos 0,5 puntos porcentuales al año (7.300 millones de euros en el caso de España).
La deuda española, muy por encima del límite
En el caso de España, el Ejecutivo comunitario ha fundado su decisión en el esperado descenso del déficit este año y el próximo.
«Puesto que no se requerirá un ajuste fiscal adicional para que España lleve su déficit por debajo del valor de referencia, iniciar un procedimiento por déficit excesivo en este momento no tendría ningún propósito útil«, dice la Comisión, que advierte a renglón seguido de que continuará vigilando la situación presupuestaria española.
Sin embargo, alerta de que existen «altos riesgos a medio plazo» para la sostenibilidad de la deuda pública, un factor que se considera clave al evaluar el desempeño fiscal de los países.
La deuda pública española (107,7 % el año pasado) supera con creces el límite del 60 % que fijan los Tratados europeos y, pese a que se reducirá en los dos próximos años (hasta el 104,8 % en 2025), Bruselas prevé que vuelva a repuntar y dentro de una década siga en el 113 %.
El Ejecutivo comunitario advierte además de que, según sus previsiones, el gasto neto primario aumentará un 3,8 % en 2024, por lo que hay «riesgo» de que incumpla la recomendación que fijó un incremento máximo del 2,6 %.
Bruselas ha valorado, por otra parte, que la inversión pública en defensa haya aumentado dos décimas porcentuales con respecto a 2019, hasta el 0,4 % del PIB en 2022, un factor que las nuevas reglas fiscales consideran atenuante al decidir si se abre expediente.
Al adelantar la decisión de la Comisión, Sánchez insistió en que el Ejecutivo español está «expandiendo la economía«, haciendo crecer al país, creando empleo y consolidando las cuentas públicas.
Retrasos en el plan de recuperación
Por otro lado, la Comisión Europea apremió a España a pisar el acelerador para completar todos los compromisos del plan de recuperación antes de que expire en 2026, y a adoptar la reforma fiscal incluida en el mismo.
«Para cumplir con los compromisos del plan en agosto de 2026, es esencial que España continúe implementando las reformas y acelerando las inversiones, abordando los retrasos emergentes al tiempo que asegura una capacidad administrativa fuerte», señala el texto de recomendaciones que la Comisión Europea publicó este miércoles.
Bruselas hizo este llamamiento justo una semana después de dar su visto bueno a un cuarto desembolso a España que llegó un año después de lo previsto, por las demoras acumuladas tras la convocatoria electoral del verano de 2023 y las dificultades para aprobar la reforma del subsidio de desempleo.
Una vez completado este pago España habrá recibido aproximadamente el 60% de las subvenciones previstas (unos 48.000 millones de los 79.854 millones en ayudas), pero apenas un 30 % de todos los fondos, si se tienen en cuenta también los créditos disponibles (83.000 millones).
Así, el Ejecutivo comunitario subraya que «el tamaño y la complejidad» del plan español «exige acciones específicas para garantizar que las reformas e inversiones pueden ser completadas a tiempo«.
El texto también apunta que hay «margen» para «reforzar la coordinación entre los diferentes niveles de la administración» española, al tiempo que sugiere que una simplificación de los procedimientos «aceleraría la recepción de los fondos por los beneficiarios finales».
«Estos elementos son especialmente relevantes para superar los retos relacionados con la absorción de una cantidad considerable de fondos gestionada por los instrumentos financieros contemplados en el plan de recuperación revisado», avisa Bruselas.
En este sentido, la Comisión Europea también apremia a España a acometer la reforma fiscal que ha incluido en su plan de recuperación y que formará parte de futuros pagos, entre ellos el quinto desembolso que estaba previsto completar el año pasado y en el que ya trabajan ambas partes.
En concreto, Bruselas pide al Gobierno medidas para que el sistema fiscal sea «más efectivo y moderno», se adapte a «nuevas tendencias», apoye la transición ecológica, aumente los ingresos e impulse la equidad.
Los servicios económicos de la Comisión también consideran que España tiene margen para subir los impuestos ‘verdes’, que representan un 1,5 % de su PIB frente a la media europea del 2%, y para aumentar los impuestos al consumo mientras «se compensa a las personas más vulnerables con medidas de compensación específicas».
«Las reformas fiscales deberían ser una parte central de la estrategia de consolidación fiscal«, continúa el Ejecutivo comunitario en unas recomendaciones que recuerdan que España debe enviar su nueva senda de ajuste presupuestaria «a tiempo» para el 20 de septiembre.
Fuente: EFE
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