La reciente reforma del mercado eléctrico convierte al Estado en un importante intermediario financiero
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| Los hogares y las empresas no deberían soportar una parte desproporcionada de los costos totales y deberían conservar el incentivo de electrificarse. [Shutterstock/kostasgr] |
16 julio 2024.- Los Estados están asumiendo un papel más activo en la transición energética mediante inversiones directas en I+D y fabricación de tecnologías limpias, así como mediante el apoyo a la electricidad limpia. Los países de la UE tienen objetivos estrictos para el despliegue de energía eólica y solar que requerirán cientos de miles de millones de euros en inversiones anuales, la mayoría de las cuales recibirán garantías estatales.
A pesar de esta claridad en el lado de la oferta, existe una incertidumbre significativa sobre el consumo futuro de electricidad, ya que depende de la velocidad con que se electrifiquen la calefacción y el transporte, y del crecimiento de los centros de datos. Los desajustes entre la oferta y la demanda de electricidad son un problema importante y podrían dar lugar a ineficiencias costosas que, en última instancia, afecten los costos de la energía para el consumidor final.
El papel central del Estado se ve reforzado por las normas de diseño del mercado eléctrico de la UE recientemente reformadas que entraron en vigor esta semana , en las que los contratos a largo plazo respaldados por el Estado (a menudo denominados contratos por diferencia ) han sido designados como el principal instrumento para financiar inversiones en generación de electricidad limpia.
Estos contratos proporcionan una garantía estatal de un precio fijo para la generación de electricidad, y el Estado proporciona un complemento a los productores cuando los precios del mercado mayorista caen por debajo de un cierto nivel (a la inversa, los productores pagan dinero al Estado si el precio del mercado excede ese nivel).
Estos contratos se promueven en el diseño del mercado eléctrico por dos razones. En primer lugar, como un medio para proteger a los consumidores de picos de precios como los ocurridos durante las crisis energéticas de 2022 al cubrir a los generadores con precios fijos y estables.
En segundo lugar, crear condiciones adecuadas para la inversión ofreciendo certeza en los precios.
La mayoría de las nuevas inversiones en plantas eólicas y solares en toda Europa están respaldadas por este tipo de contratos, lo que contribuye a lograr la tan necesaria descarbonización de la electricidad. Sin embargo, su adopción generalizada tiene una implicación poco apreciada: el Estado asumirá gran parte del riesgo de la inversión en el suministro de electricidad limpia.
En la actualidad, la mayor parte de los flujos financieros entre productores y proveedores de electricidad se producen a través de transacciones en los mercados mayoristas. Los proveedores de electricidad luego recuperan sus costos de los consumidores finales.
Sin embargo, con el uso de contratos a largo plazo respaldados por el Estado, éste se está convirtiendo en un importante intermediario financiero entre los productores y los consumidores de electricidad.
Según un informe de políticas reciente , en un escenario futuro con una demanda de electricidad menor que la anticipada (por ejemplo, si se desacelera la implementación de vehículos eléctricos y bombas de calor), decenas de miles de millones de euros anuales podrían fluir del Estado a los generadores de electricidad, en lugar de a través de intercambios de mercado.
¿Por qué es importante que el dinero fluya a través del Estado y no a través de los mercados? La política energética debe evolucionar a medida que el Estado asume más riesgos asociados con las inversiones en suministro de electricidad limpia.
A diferencia de los participantes típicos del mercado, el Estado puede implementar estrategias más amplias de gestión de riesgos. Puede establecer incentivos para sistemas eléctricos eficientes y flexibles que puedan desplazar el excedente de oferta tanto en el espacio como en el tiempo. El Estado también puede gestionar su riesgo de oferta estimulando la demanda, si es necesario.
La forma en que el Estado recupera los costes de los contratos respaldados por el Estado de los consumidores finales se convierte en una cuestión importante de política energética. El enfoque estándar recupera los costos de los consumidores minoristas de electricidad (es decir, hogares y empresas), y exime a muchos consumidores industriales, especialmente los consumidores con un uso intensivo de energía.
Dado que estos contratos podrían convertirse en una parte central del sistema de mercado de la electricidad, se necesita un enfoque más equilibrado. Los hogares y las empresas no deberían soportar una parte desproporcionada de los costes totales y deberían conservar el incentivo para electrificarse.
Los contratos respaldados por el Estado han apoyado con éxito la implementación de energías renovables y se promueven con razón como un instrumento para acelerar la descarbonización, pero es necesario abordar sus implicaciones más amplias.
La política eléctrica debe tener en cuenta el papel cada vez mayor del Estado, mitigando el riesgo de desajustes entre la oferta y la demanda y garantizando que todos los consumidores paguen la parte que les corresponde del sistema eléctrico.
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