historia, Edicto de Granada
El 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, emitieron el Edicto de Granada, una orden que marcó un antes y un después en la historia de la Península Ibérica. Este documento, también conocido como el Decreto de la Alhambra, ordenaba la expulsión de los judíos de todos los territorios bajo su dominio, dando un plazo de cuatro meses para que abandonaran el reino o se convirtieran al cristianismo. El edicto no solo reflejaba las tensiones religiosas y políticas de la época, sino que también tuvo profundas consecuencias sociales, económicas y culturales para España y el mundo judío.
Contexto histórico: La Reconquista y la unificación religiosa
Para comprender los motivos detrás del Edicto de Granada, es esencial situarlo en el contexto de finales del siglo XV. Los Reyes Católicos habían culminado la Reconquista con la toma de Granada el 2 de enero de 1492, poniendo fin a casi ocho siglos de presencia musulmana en la Península Ibérica. Este triunfo militar no solo consolidó su poder, sino que también reforzó su visión de una España unificada bajo la fe cristiana. La religión era vista como un pilar fundamental de la identidad nacional y un instrumento para fortalecer la cohesión política en un reino compuesto por territorios diversos y, en muchos casos, fragmentados.
En este escenario, la población judía, que había convivido durante siglos con cristianos y musulmanes en la Península, se convirtió en un objetivo. Aunque los judíos habían desempeñado un papel crucial en la economía, la cultura y la administración durante la Edad Media, su presencia comenzó a ser percibida como una amenaza para la homogeneidad religiosa que los monarcas buscaban imponer.
Motivos del Edicto: Religión, política y presión social
El Edicto de Granada cita explícitamente como motivo principal la supuesta influencia negativa de los judíos sobre los conversos, es decir, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo en décadas anteriores, muchos bajo coerción. Según el texto, los judíos que mantenían sus creencias incitaban a los conversos a volver a practicar el judaísmo en secreto, lo que se consideraba una herejía y un desafío a la autoridad de la Iglesia. Este argumento fue impulsado en gran medida por la Inquisición, establecida en 1478 por los Reyes Católicos con el respaldo del Papa Sixto IV, que tenía como objetivo erradicar cualquier desviación de la ortodoxia cristiana.
Sin embargo, los motivos no eran exclusivamente religiosos. La decisión también tuvo un trasfondo político y económico. Los judíos, especialmente en Castilla, eran una comunidad próspera, con roles destacados como comerciantes, prestamistas, médicos y recaudadores de impuestos. Su expulsión permitió a la Corona confiscar propiedades y bienes, lo que representó una fuente de ingresos en un momento en que las arcas reales necesitaban fondos tras las costosas campañas de la Reconquista. Además, eliminar a los judíos como intermediarios económicos pudo haber sido visto como una forma de fortalecer a la emergente burguesía cristiana.
Otro factor clave fue la presión social y el antisemitismo arraigado en ciertos sectores de la población. A lo largo del siglo XIV y XV, los judíos habían sido blanco de pogromos y acusaciones infundadas, como los libelos de sangre o la responsabilidad en epidemias como la Peste Negra. Esta hostilidad, alimentada por predicadores y amplificada tras la creación de la Inquisición, creó un clima en el que la expulsión podía ser vista como una medida popular y "necesaria" por parte de los monarcas.
Contenido y consecuencias del Edicto
El Edicto de Granada establecía que todos los judíos, independientemente de su edad, sexo o condición social, debían abandonar los reinos de Castilla y Aragón antes del 31 de julio de 1492. Se les permitía llevar sus pertenencias, pero no oro, plata ni monedas, lo que en la práctica obligó a muchos a malvender sus bienes o abandonarlos.
La alternativa era la conversión al cristianismo, aunque los que optaban por esta vía quedaban bajo la vigilancia de la Inquisición, que seguía persiguiendo a los sospechosos de practicar el judaísmo en secreto (los llamados "criptojudíos").
Las consecuencias fueron devastadoras. Se estima que entre 100.000 y 200.000 judíos abandonaron España, dirigiéndose principalmente al norte de África, el Imperio Otomano, Portugal (donde pronto enfrentarían otra expulsión) y otros puntos de Europa.
Las comunidades sefardíes, como se conoce a los judíos expulsados de España, llevaron consigo su lengua, el ladino, y una rica herencia cultural que perdura hasta hoy. En España, la pérdida de esta población contribuyó a un declive económico en ciertas regiones y a la disminución de una diversidad cultural que había sido un distintivo de la península durante siglos.
Reflexión final
El Edicto de Granada del 31 de marzo de 1492 no fue un hecho aislado, sino el resultado de un complejo entramado de factores religiosos, políticos y sociales. Para los Reyes Católicos, representó un paso hacia la consolidación de su proyecto de un estado cristiano unificado, pero a un costo humano y cultural inmenso. Hoy, este episodio se recuerda como un símbolo de intolerancia y como un recordatorio de las consecuencias de las políticas de exclusión.
n 1992, con motivo del 500 aniversario, España dio pasos simbólicos para reconocer este legado, como la derogación formal del edicto y la oferta de ciudadanía a los descendientes de los expulsados, aunque el peso histórico de aquella decisión sigue resonando.
Más detalles: EDICTO DE GRANADA 1492 (PDF)
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