La Tribuna, Crónica del Henares, UE, corrupción
El uso indebido de fondos destinados a pagar a los asistentes de los eurodiputados ha estado bastante extendido en los últimos años, pero pocos episodios acaban en los tribunales.
02 abril 2025.- La ultraderechista francesa Marine Le Pen y varios miembros de su partido han sido condenados en París tras demostrarse que malversaron fondos de la Unión Europea. Pero, lamentablemente, no son una excepción: el mal uso del dinero destinado a pagar a los asistentes de los eurodiputados es bastante común en el Parlamento, según han declarado a 'Euronews' múltiples fuentes familiarizadas con la Eurocámara.
Cada eurodiputado tiene derecho a una cantidad mensual destinada a pagar a sus asistentes, que asciende a 30.769 euros en la actual legislatura (2024-2029), lo que supone un ligero aumento respecto a la anterior. Al menos el 40% de esta asignación se destina a los asistentes acreditados (APA), contratados directamente por el Parlamento para trabajar en sus sedes localizadas en Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo.
El 60% restante puede destinarse a los asistentes locales. En este caso su contrato se realiza por el eurodiputado o mediante un proveedor de servicios, y trabajan desde la circunscripción del eurodiputado en su Estado miembro. Los gastos relacionados con el trabajo de los APA y los asistentes locales está "directamente vinculada al ejercicio del mandato parlamentario del diputado", tal y como dicta la normativa. Los límites entre lo que constituye trabajo "directamente relacionado" con la función del eurodiputado y aquello que no lo es pueden resultar difusos.
Pero el caso de Le Pen es meridianamente claro, tal y como dictaminó su resolución judicial. Además de malversar fondos con el sueldo destinado a este tipo de personal, varios de los contratados fueron descubiertos trabajando directamente para Agrupación Nacional, la formación ultraderechista francesa fundada por Jean-Marie Le Pen en los años 70. "Algunos eurodiputados contratan a políticos locales para realizar actividades políticas en su circunscripción", explica una fuente del Parlamento anónima. "Sus actividades se manipulan u ocultan para que se vinculen, de un modo u otro, con el mandato parlamentario del eurodiputado", añade esta fuente.
En ocasiones, esta práctica sale a la luz y ha dado lugar a varios episodios de malversación y desvío de fondos en los últimos años. El exlíder de la formación xenófoba y probréxit UKIP, Nigel Farage, empleó a un asistente para trabajar en asuntos ajenos al Parlamento. Y la exvicepresidenta de la Eurocámara, la socialista griega Eva Kaili, fue acusada de haber malversado entre 120.000 y 150.000 euros en un caso conocido como Qatargate.
Otros eurodiputados se han visto enredados de forma similar, aunque en casos menos mediáticos. El Parlamento no facilita estadísticas al respecto, pero en los últimos diez años se ha personado nueve veces en procedimientos civiles contra eurodiputados, vinculados a fraudes contra los intereses financieros de la UE. "Nuestro objetivo al unirnos como parte civil es siempre participar en la salvaguarda de los fondos de los contribuyentes europeos y del presupuesto del Parlamento Europeo", ha declarado el servicio de prensa de la Eurocámara.
Pero no todos los incidentes de malversación de fondos acaban en los tribunales. En algunos casos, el Parlamento lleva a cabo un control administrativo interno y pide al eurodiputado que devuelva la suma malgastada, emitiendo un aviso. El Parlamento también puede remitir el asunto a las autoridades europeas y nacionales competentes cuando hay sospechas de fraude.
En otros casos, es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) la que recibe un chivatazo y, tras una fase previa de investigación, decide investigar: este fue el caso de Le Pen. Sin embargo, son pocos los soplos que derivan en una investigación de la OLAF y aún menos los que dan lugar a un informe final. Lo más frecuente es que la Oficina de Lucha contra el Fraude no encuentre motivos suficientes para proceder. En cambio, cuando la OLAF investiga más a fondo, devuelve sus conclusiones al Parlamento, que debe decidir cómo actuar al respecto.
En caso de delitos penales, como el fraude, la OLAF remite el caso a la Fiscalía Europea (EPPO), que puede investigar de oficio o implicar a un fiscal nacional. Sin embargo, la EPPO solo está activa desde 2021, y los casos anteriores a esa fecha -como el de Le Pen- se remitían a las judicaturas nacionales. La EPPO no facilita cifras ni confirma en qué casos está trabajando, para evitar poner en peligro los procedimientos en curso y su resultado, según su oficina de prensa.
Sin embargo, la Fiscalía Europea ha hecho públicos varios casos durante sus procesos de investigación. En 2023, por ejemplo, la EPPO incautó de más de 170.000 euros en bienes pertenecientes a la italiana Stefania Zambelli, entonces eurodiputada de La Liga italiana.
"No sabemos cuántos eurodiputados están implicados en esta práctica. El Parlamento no hace pública esa información, aunque creemos que debería hacerlo", explica Nicholas Aiossa, director de la ONG Transparencia Internacional UE. "A veces los casos se descubren a través del periodismo de investigación. A lo largo de los años, también se nos han acercado denunciantes de irregularidades para informarnos de casos de malversación de fondos", añade.
Para calibrar lo extendidas que pueden estar las malas prácticas, Aiossa cita un informe de 2023 de 'Follow The Money' en el que se afirmaba que 139 legisladores de la UE hicieron un mal uso del dinero que reciben por asistentes y que el Parlamento ha recuperado fondos en 155 ocasiones entre 2019 y 2022.
En referencia a este informe, el servicio de prensa del Parlamento Europeo ha dicho que la mayoría son recuperaciones técnicas no relacionadas con irregularidades. Solo una minoría de casos se refería a asistentes. Los importes recuperados incluyen casos menores de posibles abusos, pero consisten principalmente en ajustes técnicos, errores administrativos y reembolsos voluntarios.
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